La explotación laboral y sexual de los niños, niñas y adolescentes no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, durante los últimos tiempos ha cobrado importancia a nivel mundial y se ha instalado como un tema emergente en el debate público, tanto nacional como internacional.
Debido a la complejidad que asume y a la multiplicidad de factores que lo constituyen, no existe una única manera de abordarlo, lo que ha originado distintos enfoques respecto de sus causas y efectos y, por lo tanto, posturas dispares sobre su existencia y medidas para combatirlo.
Según relevamientos del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la Argentina, más de 1,5 millón de niños y niñas de entre 5 y 14 años trabajan fuera de sus hogares o ganan propinas, ayudan habitualmente en el trabajo a familiares o realizan tareas domésticas.
Por otra parte, la recientemente difundida Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Eanna), realizada por el Ministerio de Trabajo y el IPEC (OIT), muestra que el grado de difusión del trabajo infantil alcanza al 6,5% de los niños y niñas y al 20,1% de los adolescentes.
A su vez, que el porcentaje de niños y niñas de 5 a 13 años que trabajan es mayor en las zonas rurales que en las urbanas, siendo la diferencia aún mayor en el caso de los adolescentes.
La Eanna revela que en las zonas rurales, el 35,5% de los adolescentes realiza una actividad laboral, y que Mendoza ostenta uno de los mayores índices de trabajo infantil rural de la Argentina.
Los relevamientos destacan que muchas veces las mismas características que asume el trabajo que realizan los niños y niñas dificultan su percepción. No sólo la pobreza y las iniquidades sociales los impulsan a incorporarse a edades tempranas al mercado de trabajo, sino también la existencia de prácticas con fuertes arraigos culturales, que invisibilizan y naturalizan sus formas.
En este sentido, hemos presentado dos iniciativas legislativas que tienen como propósito armonizar la legislación nacional con los instrumentos internacionales de derechos humanos y las recientemente sancionadas leyes de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Educación Nacional.
Para ello, modificamos la ley de Contrato de Trabajo y de Régimen Nacional de Trabajo Agrario a los fines de adecuarlas a los lineamientos del Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo.
Ambos proyectos elevan a 15 años la edad mínima a partir de la cual los niños y niñas pueden celebrar contrato de trabajo y prohíbe a los empleadores ocupar a niños y niñas menores de esa edad en cualquier tipo de actividad.
Los proyectos comenzaron a ser tratados por la Comisión de Trabajo del Senado de la Nación, junto con iniciativas de otros senadores y senadoras, encontrándonos a instancias de elaborar un dictamen consensuado entre las distintas fuerzas políticas.
Hoy día existe un significativo consenso mundial sobre los efectos que la inclusión temprana de los niños y niñas en el mercado laboral ocasionan en el desarrollo infantil, en tanto obstaculiza el disfrute de su infancia, su derecho al juego y a la recreación, y al ejercicio pleno y en condiciones de igualdad del derecho a la educación.
Elevar la edad mínima de admisión al empleo para niños, niñas y adolescentes es un primer paso para comenzar a elaborar políticas públicas contra la explotación de niños y niñas; que promuevan la modificación de prácticas culturales; que visibilicen el trabajo doméstico y en empresas familiares como trabajo que debe ser progresivamente erradicado; y que fortalezcan los vínculos de niños y niñas con la escuela a los fines de prevenir la exclusión educativa y reinsertar en ella a quienes la han abandonado.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se ha convertido en una oportunidad para reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobiernos y de los diferentes actores institucionales con la erradicación del trabajo infantil y de todas las formas de explotación laboral y sexual de niños, niñas y adolescentes.
La fecha nos convoca a concebir a niños, niñas y adolescentes como actores clave del desarrollo; nos convoca a repensar las políticas públicas de infancia en clave de derechos humanos, desde un Estado presente, y construyendo espacios para la participación ciudadana con el fin de hacer realidad la meta de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas.
Dra. María Cristina Perceval, Senadora de la Nación.
Dra. María Cristina Perceval, Senadora de la Nación. 